Santo Domingo. RD.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, manifestó ayer que la actitud del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha sido inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial que, según dijo, lo caracteriza, “cuando de él esperábamos otras actitudes y declaraciones”.
El también presidente del Consejo del Poder Judicial leyó una declaración pública y no respondió preguntas de los periodistas. Consideró que Domínguez Brito ha evidenciado con sus actitudes y declaraciones no tener fe en la justicia dominicana.
“Solo quien no tiene fe en ella es capaz de ocasionarle daños, como lo ha hecho el Procurador General de la República”, subrayó Germán Mejía.
Acusó a Domínguez Brito de llegar al extremo de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial, con una actitud en la que según sus expresiones, niega la esencialidad de su función y desconoce que forma parte de la institucionalidad judicial y de uno de los poderes del Estado.
A continuación, el documento leído por Germán Mejía
Quienes ocupan altos cargos públicos, y en particular en las instancias judiciales, sólo alcanzan niveles aceptables de éxito si tienen fe, conocimiento y madurez, expresada esta última en actos de prudencia y sabiduría.
Sólo quien conozca profundamente que el litigio es un conflicto entre dos o más partes a ser dirimido por un tercero imparcial, que es el juez, y en el cual unos ganan, otros pierden y sólo uno tiene la razón: el juez; está habilitado para manejar con tranquilidad profesional y de conciencia un cargo en un Estado social, constitucional y democrático de derecho.
Quien así no lo entienda se llena de pasión y la pasión ciega y al cegar al conocimiento es conducido a las malas o a las caprichosas interpretaciones de las decisiones.
Quien carezca de fe no puede conducir con éxito una alta instancia en el área de la justicia. Quien carezca de conocimiento tampoco podrá manejar exitosamente las grandes decisiones. De igual manera ocurre con aquel que carezca de prudencia y sabiduría.
El Procurador General de la República ha evidenciado con sus actitudes y sus declaraciones no tener fe en la justicia dominicana. Sólo quien no tiene fe en ella es capaz de ocasionarle daños, como lo ha hecho el Procurador General de la República.
El máximo representante del Ministerio Público ha desconocido que él participó como parte en los procesos que le han servido de causa para provocar sus irreflexiones públicas. Ha desconocido que en un proceso quien pierde en una instancia sólo le está permitido impugnar la decisión adoptada, mediante el recurso correspondiente.
El Procurador General ha llevado los procesos que han motivado sus declaraciones, primero, a los medios de comunicación y después a la jurisdicción; y los recursos en contra de las decisiones, los ventiló en la opinión pública, antes de presentarlos a la segunda instancia. Actitud totalmente inapropiada a la naturaleza de la función que desempeña por mandato de La Constitución y las leyes.
Dicho funcionario ha llegado al extremo de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial. Actitud con la cual niega la esencialidad de su función y desconoce que forma parte de la institucionalidad judicial y de uno de los Poderes del Estado.
Son sus actitudes y sus declaraciones las que han promovido el exacerbamiento social, pues, si el jefe del Ministerio Público llama a la desobediencia, no puede esperarse conductas diferentes de parte de sectores propensos al desconocimiento del orden establecido y hasta de sectores tradicionalmente sensatos.
Quien ofrece al país estas declaraciones ha sido sumamente prudente ante acontecimientos que han manchado la toga de diversos representantes del Ministerio Público, porque reconoce que un solo acto de un funcionario no define la historia ni el futuro de la institución a la cual pertenece y menos aún en el caso del Poder Judicial, en el cual una decisión sólo es atacable mediante el condigno recurso.
Más aún, ha sido incapaz de pedir la renuncia del Procurador General de la República y de llamar a protestas públicas en contra de determinados miembros del Ministerio Público por la comisión de actos impropios, como son aquellos que los ligan a las drogas.
Quien está al frente de una Alta Instancia Judicial está obligado a decidir los conflictos apegados a la Constitución, a las Convenciones Internacionales y a las leyes y no puede manejar las decisiones que en ella se toman con un criterio populista.
El Poder Judicial ha logrado avances significativos y trabaja diariamente a favor de la justicia, manejando los casos con tranquilidad y sin el desasosiego que procuran llevarle los sectores políticos y sociales fácticos.
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